#LaHoraInformativa
Santo Domingo, R.D. — El economista Jaime Aristy Escuder, exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), reiteró que la planta representa el activo energético más eficiente del país, con beneficios anuales superiores a los 550 millones de dólares, de los cuales 250 millones corresponden a ganancias directas y 300 millones a ahorros por sustitución de combustibles más costosos.
Escuder criticó la venta de Punta Catalina por 320 millones de dólares, calificándola como una “entrega injustificada” de un activo estratégico que ha permitido reducir los apagones y garantizar electricidad continua a hogares y empresas desde 2020. Aseguró que, de haberse replicado el modelo en otras regiones, el país habría evitado el déficit energético que en 2024 superó los 1,800 millones de dólares.
Además, cuestionó la contratación de generación de emergencia con empresas como SIBA Energy y Karpowership, cuyos costos oscilan entre US$106 y US$140 por MWh, muy por encima de los US$34.62 por MWh que ofrece Punta Catalina. Estas decisiones, según el economista, han incrementado la presión fiscal y afectado la competitividad nacional.
En cuanto a la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, Escuder la calificó de “deficiente e irresponsable”, señalando que incluyó gastos operativos y financieros como parte del costo de construcción, elevando artificialmente el monto a US$3,276 millones, cuando el contrato EPC aprobado por el Congreso establece un costo real de US$2,454 millones.
El economista también denunció errores operativos graves, como la compra directa de carbón a precios de US$240 por tonelada, en lugar de los US$67 que se habrían obtenido mediante licitación pública. Esta gestión, afirmó, contradice los principios de eficiencia y transparencia establecidos en la Ley 340-06 sobre contrataciones públicas.
Finalmente, Escuder instó al Gobierno a acelerar proyectos de generación base a gas natural, como el ciclo combinado San Felipe I, cuya entrada en operación está prevista para 2027, pero que debió iniciarse en 2021
“Cada decisión equivocada en el sector eléctrico se traduce en mayores costos para la economía y para los ciudadanos”, concluyó.
