La Presidencia de la República Dominicana autorizó oficialmente a los distritos municipales de La Otra Banda y Verón-Punta Cana a gestionar de manera directa el uso de suelo en sus respectivas demarcaciones, un paso trascendental en el fortalecimiento de la autonomía local y en la planificación ordenada del territorio. La medida, anunciada el 13 de enero de 2026, busca garantizar un desarrollo urbano más coherente, transparente y adaptado a las necesidades específicas de cada comunidad.

El decreto presidencial otorga a estas jurisdicciones la facultad de administrar y regular los permisos de uso de suelo, lo que permitirá un mayor control sobre proyectos de construcción, urbanización y actividades económicas que impactan directamente en el crecimiento de la región. Con esta decisión, el Gobierno reconoce la importancia de descentralizar funciones clave y de dotar a los gobiernos locales de herramientas efectivas para responder a los retos de la expansión urbana y turística.

En el caso de Verón-Punta Cana, uno de los polos turísticos más dinámicos del país, la autorización representa una oportunidad para ordenar el crecimiento acelerado de la zona, garantizando que las inversiones se realicen bajo criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Por su parte, La Otra Banda, con un perfil más residencial y comunitario, podrá establecer regulaciones que aseguren un desarrollo equilibrado y acorde con las necesidades de sus habitantes.

Las autoridades locales celebraron la medida como un reconocimiento a su capacidad de gestión y como un avance hacia una mayor participación en la toma de decisiones que afectan directamente a sus comunidades. Asimismo, se destacó que la descentralización de estas competencias contribuirá a reducir trámites burocráticos y a agilizar procesos de aprobación de proyectos, fomentando la inversión y el desarrollo económico.

El Gobierno subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional de fortalecimiento institucional y de modernización de la gestión pública, en la que se busca otorgar mayor protagonismo a los gobiernos locales. Con ello, se pretende asegurar que las políticas de ordenamiento territorial respondan a las realidades específicas de cada región, evitando la concentración de decisiones en instancias centrales y promoviendo un modelo de gobernanza más cercano a la ciudadanía.

La autorización a La Otra Banda y Verón-Punta Cana para gestionar el uso de suelo constituye, en definitiva, un hito en la descentralización administrativa del país, que abre la puerta a un desarrollo urbano más ordenado, transparente y sostenible, reafirmando el compromiso del Estado con la autonomía municipal y con la construcción de comunidades más fuertes y responsables.