#LaHoraDelEditorial

En toda sociedad democrática, la labor del comunicador constituye un pilar esencial para el equilibrio institucional. Su función no se limita a informar: implica investigar, cuestionar, contrastar, denunciar y, sobre todo, garantizar que el poder —cualquiera que sea— permanezca bajo escrutinio público. Allí donde la prensa se debilita, la democracia se resquebraja.

En la República Dominicana, el debate reciente sobre iniciativas legislativas que podrían restringir la libertad de expresión ha reavivado una preocupación legítima: la tentación de regular la palabra para controlar la crítica. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo del país; es una constante histórica en la relación entre poder y comunicación. Sin embargo, su recurrencia no la hace menos peligrosa.

El comunicador como contrapeso democrático.

El comunicador cumple un rol que ninguna otra institución puede sustituir.

Es el vigilante permanente de la gestión pública, el intermediario entre los hechos y la ciudadanía, el observador incómodo que revela lo que otros prefieren ocultar. Su trabajo no es complaciente ni ornamental; es, por naturaleza, crítico y fiscalizador.

Por ello, cualquier intento de limitar su ejercicio —sea mediante sanciones desproporcionadas, conceptos jurídicos ambiguos o mecanismos regulatorios susceptibles de uso político— debe ser examinado con rigor y firmeza. Una democracia madura no teme a la crítica: la necesita.

El riesgo de legislar contra la palabra.

Regular la comunicación es un desafío complejo. Es cierto que la desinformación, la difamación y el uso irresponsable de plataformas digitales representan problemas reales. Pero la solución nunca puede ser una legislación que, en nombre del orden, termine instaurando el silencio.

Cuando una ley abre la puerta a interpretaciones discrecionales, cuando otorga a entes administrativos la capacidad de sancionar o suspender medios, o cuando penaliza la opinión con criterios subjetivos, el resultado no es protección: es censura potencial.

Y la censura, aun cuando se presente con lenguaje técnico o institucional, sigue siendo censura.

Un país sin comunicadores libres es un país vulnerable

La libertad de expresión no es un privilegio de los comunicadores; es un derecho de la ciudadanía.

Proteger a quienes ejercen la palabra pública es proteger el derecho de todos a recibir información veraz, plural y oportuna.

Un país donde los comunicadores trabajan bajo amenaza judicial, presión política o temor a represalias es un país donde la verdad se vuelve frágil y la impunidad se fortalece.

La autocensura —ese silencio que no se impone desde afuera, sino que nace del miedo— es el síntoma más grave de una democracia en retroceso.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión y de prensa.

Esa garantía no se cumple con discursos, sino con marcos legales claros, equilibrados y respetuosos de los estándares internacionales.

La sociedad, por su parte, debe comprender que defender a los comunicadores no es defender a un gremio, sino defender su propio derecho a saber, a cuestionar y a exigir rendición de cuentas.

La República Dominicana ha construido, con esfuerzo, un ecosistema comunicacional vibrante, plural y dinámico. Ese logro no puede ponerse en riesgo por iniciativas que, aun con buenas intenciones declaradas, puedan convertirse en instrumentos de control político o inhibición del disenso.

La libertad de expresión es la columna vertebral de toda democracia.

Y esa libertad solo existe plenamente cuando los comunicadores pueden ejercer su labor sin miedo, sin presiones y sin amenazas.

Defender al comunicador es defender la democracia.

Y esa defensa no admite titubeos.