#LaHoraInformativa

Por : Anner Victoriano

La lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una licencia para matar. En una democracia, la autoridad del Estado se mide también por su capacidad de respetar la vida, incluso cuando persigue el delito.
En República Dominicana, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad?
La ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo. La delincuencia golpea barrios, familias, comercios y comunidades enteras. Nadie puede negar la angustia de quienes reclaman más protección ni el riesgo que enfrentan muchos agentes policiales en las calles. Pero esa realidad no debe borrar otra verdad fundamental: combatir el crimen no autoriza a sustituir la justicia por la muerte.
Cada vez que una persona cae abatida en un supuesto “intercambio de disparos”, la sociedad merece algo más que una versión rápida. Merece saber qué ocurrió, si hubo uso proporcional de la fuerza, si se preservó la escena, si se investigó de manera independiente y si los responsables, en caso de abuso, enfrentaron consecuencias.
El problema no es solamente legal. Es profundamente moral. Cuando el Estado mata fuera del debido proceso, rompe el pacto básico que sostiene la vida democrática. La Policía no está llamada a castigar, sino a proteger. No está llamada a decidir quién merece vivir o morir, sino a actuar dentro de la ley.

Aceptar ejecuciones extrajudiciales como si fueran parte inevitable de la seguridad pública es abrir una puerta peligrosa. Hoy puede tratarse de alguien señalado como delincuente; mañana, de un inocente confundido, de un joven de barrio pobre, de una persona sin defensa ni voz pública. La historia demuestra que cuando la violencia estatal se normaliza, casi siempre termina golpeando con más fuerza a los más vulnerables.
Esto no significa desconocer el drama de la criminalidad ni desproteger a los agentes policiales. Al contrario, una Policía verdaderamente fuerte necesita respaldo, formación, recursos y autoridad. Pero también necesita controles. Sin transparencia, la autoridad se convierte en sospecha. Sin investigación, la fuerza se confunde con impunidad. Sin justicia, la seguridad pierde legitimidad.
República Dominicana no debe elegir entre vivir a merced del crimen o vivir bajo temor de la autoridad. Esa es una falsa elección. El país necesita seguridad, sí, pero una seguridad democrática: firme contra el delito, respetuosa de la ley y consciente de que ninguna vida puede ser descartada sin juicio.

El verdadero desafío no es solo reducir la criminalidad. Es hacerlo sin perder el alma institucional. Porque un Estado que mata sin responder no demuestra fortaleza; demuestra fracaso. La seguridad que cruza el límite de la vida deja de ser protección y empieza a parecerse demasiado al miedo que dice combatir.