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Santo Domingo, R.D. — En el marco de la política de modernización del Estado y fortalecimiento de la transparencia administrativa, el Gobierno dominicano ha dado un paso decisivo para ordenar el gasto en publicidad oficial. Con la promulgación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25), se establece que toda contratación de publicidad estatal deberá realizarse directamente con medios de comunicación legalmente constituidos, eliminando el uso de agencias como intermediarias.
Esta disposición, contenida en el artículo 167 del reglamento de aplicación, delimita con claridad el alcance de las contrataciones directas, las cuales solo serán válidas si se efectúan con medios o plataformas digitales debidamente registradas ante la autoridad competente. Se incluyen en esta categoría la prensa escrita, la radio, la televisión, los sitios web, redes sociales y plataformas de streaming.
La medida responde a una visión estratégica del presidente Luis Abinader, orientada a garantizar un uso eficiente y responsable de los recursos públicos, evitar distorsiones en los precios y promover relaciones institucionales directas con medios formales. Al eliminar la intermediación publicitaria, se busca también reducir prácticas que históricamente han encarecido el gasto estatal sin aportar valor agregado.
Es importante destacar que esta contratación directa no contempla la producción ni creación de contenido publicitario, lo que establece una frontera clara entre la difusión y la elaboración de mensajes institucionales. Esta precisión normativa evita interpretaciones erróneas y contribuye a una ejecución presupuestaria más rigurosa.
Los medios que aspiren a ser contratados por el Estado deberán cumplir con requisitos legales y estar alineados con las políticas de comunicación pública definidas por el Poder Ejecutivo. Esta reforma normativa se inscribe en un proceso más amplio de transformación institucional, que incluye digitalización de procesos, rendición de cuentas y fortalecimiento de la ética pública.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la consolidación de un Estado moderno, capaz de responder con agilidad y responsabilidad a las demandas ciudadanas.
