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La madrugada del 31 de julio de 2025 marcó un momento legislativo crucial para la República Dominicana: la aprobación en segunda lectura del proyecto de reforma al Código Penal. Esta iniciativa, que busca reemplazar la versión vigente desde 1884, fue respaldada por 159 votos a favor y solo cuatro en contra, un consenso que evidencia el deseo institucional de actualizar el sistema penal dominicano tras años de estancamiento.
La reforma incorpora más de 70 nuevas figuras delictivas y endurece penas para crímenes graves como el feminicidio, la violencia infantil y el maltrato a personas vulnerables. Por primera vez se tipifican delitos como el ciberbullying y las carreras ilegales de vehículos, y se establecen penas acumulativas de hasta 60 años de prisión. Estas medidas responden a demandas sociales y reflejan la intención de adaptar la legislación a nuevas dinámicas de criminalidad.
No obstante, uno de los aspectos más debatidos sigue siendo la exclusión de las tres causales para el aborto —violación, incesto e inviabilidad fetal—. A lo largo de las últimas dos décadas, distintas gestiones presidenciales han observado versiones anteriores del código por considerar que vulneraban derechos fundamentales, especialmente de las mujeres. Este punto reaviva la discusión sobre si la ley penal puede considerarse verdaderamente moderna sin incluir garantías éticas mínimas para todos los ciudadanos.
El contexto histórico también plantea interrogantes: ¿Cuáles son los valores que deben guiar una reforma legal en un Estado democrático? ¿Está la legislación penal reflejando la pluralidad cultural, moral y social del país? ¿Qué significa avanzar jurídicamente si parte de la ciudadanía siente que sus derechos han sido relegados?
En conclusión, el nuevo Código Penal representa sin duda un avance en términos técnicos y legislativos, pero también deja entrever una tensión entre modernización y deuda social. Su aprobación marca un nuevo ciclo normativo, que deberá enfrentarse no solo a su implementación práctica, sino al debate ciudadano que exige leyes más incluyentes, éticas y representativas de una República Dominicana en constante evolución.
