#LaHoraDeLaPregunta
En la República Dominicana, los periodistas se han convertido en jueces implacables de la vida pública. Con micrófonos y titulares, exigen transparencia, denuncian irregularidades y cuestionan cada paso de los funcionarios. Pero hay una pregunta que incomoda y que rara vez se formula: ¿quién cuestiona a los que cuestionan?
Muchos de estos comunicadores trabajan en medios con escasa publicidad, con salarios que apenas alcanzan para sostener un estilo de vida modesto. Sin embargo, de repente aparecen con vehículos de lujo, viajes internacionales y propiedades nuevas. ¿Cómo se explica esa metamorfosis financiera? ¿De dónde provienen los recursos que sostienen un tren de vida que no guarda relación con sus ingresos declarados?
Los funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes. Esa obligación se justifica en la necesidad de garantizar transparencia y evitar enriquecimientos inexplicables. Pero los periodistas, que manejan un poder igual de influyente —el poder de la opinión pública—, no rinden cuentas de su solvencia. Por eso, vamos más allá: exigimos que los comunicadores presenten declaraciones juradas de bienes, con comparativas de los últimos cinco años de ejercicio. Solo así podremos evaluar si los cambios en su patrimonio corresponden a ingresos legítimos o si esconden privilegios y beneficios ocultos.
La credibilidad es el capital más valioso de un periodista. Si esa credibilidad se ve empañada por dudas sobre el origen de sus ingresos, ¿qué confianza puede tener la sociedad en sus denuncias? ¿Puede alguien que no explica su propio patrimonio señalar con autoridad la corrupción ajena?
Este no es un ataque personal, sino un llamado a la coherencia. Si la transparencia es la bandera que enarbolan los periodistas, entonces deberían ser los primeros en someterse a ella. Porque la pregunta incómoda seguirá flotando en el aire: ¿estamos listos para exigir a los periodistas la misma rendición de cuentas que ellos exigen a los demás?
