#LaHoraDelCriterio | Comprender mejor para decidir mejor.

Por: Geisy Peña Turbí

Ganar una adjudicación pública puede ser el inicio de la ruina para una pequeña empresa.

La frase es perturbadora, pero muchos proveedores la entienden. Una pyme participa, prepara documentos, consigue certificaciones, ajusta precios, compra material, produce, entrega y cumple. Entonces llega la parte que rara vez aparece en los discursos sobre oportunidades: esperar el pago.

Y mientras las pymes aguardan, la nómina no espera, los suplidores tampoco, el alquiler menos y los bancos ni se diga. La electricidad, el transporte, los impuestos y la materia prima tampoco esperan. El Estado puede demorar, pero una pyme, muchas veces, no puede.

Por eso contratar con el Estado no debería analizarse solo desde la puerta de entrada. Es importante registrarse, entender el portal, leer los pliegos, preparar ofertas y competir, pero el verdadero examen empieza después de la adjudicación, cuando la empresa pequeña debe financiar con su bolsillo, su crédito o su angustia, una operación pública que ya ejecutó. Ahí está una de las barreras menos visibles de la contratación pública: no solo quién puede participar, sino quién puede sobrevivir al proceso completo.

La entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas en República Dominicana abre una conversación necesaria. La norma amplía oportunidades para mipymes y mipymes mujeres, moderniza procedimientos y refuerza el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, y ese avance importa, pero ninguna reforma será plenamente transformadora si no mira con la misma seriedad el momento de pagar.

Una adjudicación no alimenta una empresa, una orden de compra no paga salarios y un contrato firmado no repone inventario. Para una gran compañía, una demora puede ser una molestia financiera, pero para una pyme, puede significar endeudarse, incumplir con terceros o aceptar dinero caro para sostener una operación que ya benefició a una institución pública.

Cuando el Estado paga tarde, no solo retrasa una factura. Traslada el costo de su lentitud al eslabón más frágil de la cadena, convirtiendo a pequeñas empresas en financiadoras involuntarias de la Administración, y las empuja, en demasiados casos, a buscar créditos informales, adelantos costosos o acuerdos desesperados para cubrir gastos de producción. Así es que, hablar de acceso sin hablar de flujo de caja, es quedarse en la superficie.

La nueva ley incorpora una herramienta que muchos proveedores deberían conocer: los pliegos deben contemplar el interés por mora en el pago a contratistas y no es un detalle decorativo. Es una señal jurídica de que el atraso tiene consecuencias y de que el proveedor no está obligado a sufrir en silencio una demora que puede comprometer su estabilidad.

Por eso las mipymes no solo deben aprender a ofertar, deben aprender a reclamar. Guardar constancias, documentar entregas, exigir recepción conforme, revisar condiciones de pago, identificar plazos y conocer qué mecanismos les asisten cuando el pago se retrasa. La formalidad, bien usada, no es enemiga del pequeño proveedor, por el contrario, puede ser su defensa.

Lo digo desde una experiencia profesional vinculada a la contratación pública. El sistema no se juega únicamente en la convocatoria ni en la adjudicación. Se juega en la planificación de la compra, en la disponibilidad presupuestaria real, en la claridad del pliego, en la gestión del contrato, en la tramitación de la factura y en la fecha efectiva de pago. Si una pieza falla, el discurso de inclusión se debilita.

También el proveedor tiene responsabilidad, porque contratar con el Estado no es probar suerte. Exige conocer costos reales, calcular márgenes, prever tiempos, documentar cada entrega y no lanzarse a una adjudicación que puede superar su capacidad financiera. Una oportunidad pública mal calculada puede convertirse en una deuda con apariencia de crecimiento.

Pero la carga no puede recaer solo en la pyme. Si el Estado quiere más competencia, más proveedores locales, más mujeres empresarias y más tejido productivo participando, debe entender que pagar a tiempo también es política pública y no un favor administrativo. Es parte de la confianza del sistema.

Cuando el Estado compra, pero no paga a tiempo, la pyme deja de ser proveedora y empieza a funcionar como financista involuntaria de la Administración. Si ganar un proceso público la obliga a endeudarse para sobrevivir, no estamos democratizando la contratación: estamos convirtiendo una oportunidad en una carga que solo resisten quienes tienen suficiente espalda financiera.

La pregunta de criterio: ¿el Estado está creando oportunidades reales para las mipymes o les está pidiendo que financien con su fragilidad lo que ya cumplieron?