#LaHoraDelCriterio | Comprender mejor para decidir mejor
Por: Geisy Peña Turbí
Una cosa es saber que tienes derecho a reclamar cuando una ARS te niega una cobertura. Otra muy distinta es estar en una clínica, con una factura delante, un familiar enfermo y una respuesta que nadie termina de explicar.
En ese momento, el derecho deja de ser una frase y se convierte en un camino. Hay que saber dónde acudir, qué documento pedir, qué plazo respetar, qué prueba conservar, qué formulario completar y ante quién insistir. La persona no solo enfrenta una situación médica o económica. Enfrenta un idioma institucional que muchas veces aparece justo cuando menos fuerzas tiene para descifrarlo. Ese es uno de los grandes problemas de la ciudadanía, porque conocer un derecho no garantiza poder ejercerlo.
En República Dominicana, esta tensión no es abstracta. El Defensor del Pueblo ha señalado que la salud, seguridad social, la integridad personal, la educación, la protección del medioambiente y el trabajo, figuran entre los derechos menos garantizados del país. La SISALRIL, por su parte, dispone de canales para que los afiliados presenten quejas y reclamos por negación o dificultad de acceso a servicios de salud, procedimientos, medicamentos o reembolsos. Es decir, el sistema reconoce que entre el derecho declarado y el derecho efectivo existe una fricción real.
Durante mucho tiempo se ha repetido que la solución es informar más al ciudadano, y la idea parece correcta, pero es incompleta. La información importa, desde luego. Nadie puede defender aquello que no sabe que existe, pero una persona puede saber que tiene derecho a reclamar y no saber cómo hacerlo, puede conocer una norma y no tener dinero para asesorarse, así como puede tener razón y agotarse antes de obtener una respuesta.
El Derecho, visto desde fuera, parece un sistema ordenado, pero desde dentro, para muchas personas, parece un pasillo con demasiadas puertas. Recursos, notificación, plazo, competencia, subsanación, silencio administrativo, cobertura, copago, reembolso, etc., no son palabras inocentes. Una palabra de esas mal entendida puede cerrar una oportunidad. Un plazo vencido puede dejar sin defensa a quien tenía un argumento legítimo, y un formulario confuso puede desalentar a quien ya llegaba cansado.
Por eso no basta con decirle a la gente “usted tiene derechos”. También hay que preguntarse si el camino para ejercerlos está diseñado para personas reales o para ciudadanos ideales, que dispongan de tiempo, estabilidad emocional, acceso digital, educación jurídica, recursos económicos y paciencia suficiente para insistir sin rendirse.
La desigualdad jurídica no siempre nace de la ausencia de derechos, a veces nace de la dificultad para usarlos. Quien tiene contactos pregunta antes, quien tiene dinero consulta mejor, quien domina el lenguaje institucional se mueve con más seguridad, y quien ha tratado antes con la Administración sabe dónde insistir. Mientras tanto, otros se quedan en la puerta, no porque no tengan derecho, sino porque no encontraron la ruta.
Esa distancia deteriora algo más que un expediente, deteriora la confianza. Cuando una persona escucha que la ley la protege, pero en la práctica no logra ser escuchada, empieza a sacar conclusiones peligrosas: reclamar no sirve, preguntar incomoda, insistir es perder el tiempo, los derechos existen para quienes saben moverse, y una ciudadanía que deja de ejercer sus derechos, termina acostumbrándose a vivir por debajo de ellos.
Por eso, las instituciones tienen una responsabilidad profunda. No basta con publicar normas, abrir portales o colocar avisos. La transparencia no consiste únicamente en poner información disponible, sino en hacerla comprensible. Un Estado que exige al ciudadano cumplir debe hablarle de una manera que el ciudadano pueda entender. Una empresa que pide consentimiento debe explicar lo que ese consentimiento implica al empleado. Una entidad que recibe reclamaciones debe orientar, sin tratar la confusión como una molestia.
Pero el ciudadano tampoco puede renunciar a su parte. Ejercer derechos exige una actitud distinta ante la propia dignidad: preguntar sin vergüenza, pedir copia, leer antes de firmar, guardar pruebas, respetar plazos, buscar orientación y no asumir que todo está perdido porque la primera respuesta fue difícil.
Conocer un derecho es apenas el inicio, ejercerlo requiere comprensión, método y una sociedad menos cómoda con el laberinto. Porque un derecho que solo puede usar quien sabe descifrarlo, deja de ser una garantía común y empieza a parecerse demasiado a un privilegio.
La pregunta de criterio: cuando dices “tengo derecho”, ¿sabes realmente qué pasos, pruebas, plazos y decisiones necesitas para ejercerlo?
