Articulo de opinion por : Anner Victoriano
Hay decisiones que un país puede darse el lujo de tomar con rapidez. Otras, por el contrario, exigen pausa, reflexión y un debate que trascienda las mayorías circunstanciales. La aprobación de un nuevo Código Penal pertenece, sin duda, a este último grupo.
Por eso, más que preguntarme si la República Dominicana necesitaba un nuevo Código Penal —porque la respuesta es evidente: sí—, me pregunto por qué la urgencia de aprobar una ley de semejante trascendencia en un ambiente donde aún persistían interrogantes, desacuerdos y preocupaciones legítimas.
En el imaginario dominicano, el tiguere es quien sabe moverse, quien identifica oportunidades y actúa con inteligencia para alcanzar sus objetivos. La política también tiene sus «tigueres»: actores hábiles que leen el momento, cuentan los votos y aprovechan las circunstancias. Eso forma parte del juego democrático. Sin embargo, cuando la destreza política desplaza la deliberación pública, surge una inquietud inevitable: ¿La rapidez responde al interés nacional o a la oportunidad política?
La Ley núm. 74-25 representa una de las reformas jurídicas más importantes de las últimas décadas. Sustituye un Código Penal con más de un siglo de vigencia e incorpora figuras delictivas acordes con los desafíos contemporáneos. Ese avance merece reconocimiento. Pero precisamente por su importancia, el proceso debía inspirar la mayor confianza posible.
Un Código Penal no es una ley cualquiera. Define los límites del poder punitivo del Estado, establece qué conductas serán castigadas y fija las consecuencias que pueden privar de libertad a un ciudadano. Es una norma llamada a perdurar durante años y a influir en la vida de millones de personas. Por eso, las preguntas sobre su contenido y sobre el proceso de su aprobación no deberían interpretarse como un obstáculo, sino como una manifestación saludable de una sociedad democrática.
La democracia no pierde cuando se debate; pierde cuando el debate se percibe como un trámite que debe concluir cuanto antes.
Quizás el Congreso actuó dentro de sus facultades constitucionales. Quizás el nuevo Código responda a una necesidad largamente postergada. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas. Sin embargo, también es válido preguntarse si unas semanas o unos meses adicionales de discusión habrían fortalecido la legitimidad de una ley destinada a regir por décadas.
Las grandes reformas no solo necesitan votos; necesitan confianza.
Y la confianza se construye escuchando, explicando y convenciendo, no únicamente aprobando. En política, como en la vida, no todo lo que puede hacerse rápidamente debe hacerse deprisa.
De ahí que la pregunta siga vigente: ¿Cuál es la prisa?
Tal vez la historia concluya que la velocidad estuvo plenamente justificada. O tal vez determine que se perdió una oportunidad para construir un consenso más amplio. Mientras tanto, corresponde a la ciudadanía seguir observando, analizando y exigiendo que las decisiones de mayor trascendencia se adopten con la serenidad que merece un Estado de derecho.
Porque, al final, un verdadero tiguere sabe que la mejor jugada no siempre es la más rápida, sino la que resiste el juicio del tiempo.
