#LaHoraDelCriterio

Por: Geisy Peña Turbí

No necesitamos más opiniones: necesitamos mejores preguntas.

Una ley no tiene que ordenar silencio para producir cautela. A veces basta con que el ciudadano empiece a medir sus palabras, el periodista suavice una frase, el servidor público dude antes de denunciar o una persona común se pregunte si una crítica podría convertirse en problema. Cuando eso ocurre, el debate ya no trata solo de normas, sino de libertad.

La controversia en República Dominicana alrededor del nuevo Código Penal, Ley 74-25, revela algo más profundo que una diferencia jurídica. El texto fue promulgado en agosto de 2025 y su entrada en vigor está prevista para agosto de 2026, y uno de los aspectos más discutidos ha sido el artículo 310, que tipifica el ultraje contra funcionarios o servidores públicos y prevé sanciones cuando determinadas expresiones, escritos, imágenes, objetos o gestos sean considerados contrarios a la dignidad personal o a las funciones desempeñadas por esos servidores.

Algunos sectores lo han llamado “Ley Mordaza”, conteniendo el término una advertencia. Quienes defienden la disposición sostienen que busca proteger la dignidad de los funcionarios, mientras que quienes la cuestionan, advierten riesgos para la libertad de expresión, el periodismo y la fiscalización ciudadana, pero un debate serio no puede limitarse a escoger un bando, necesita mejores preguntas.

No basta preguntar si los funcionarios merecen respeto, porque está claro que lo merecen. Tampoco basta preguntar si la ciudadanía tiene derecho a insultar, difamar o destruir reputaciones sin consecuencias, poque somos conscientes de que no lo tiene. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cómo protege una democracia la dignidad de quienes ejercen funciones públicas sin convertir la crítica en una actividad de riesgo?

Si la pregunta se plantea mal, el país termina discutiendo un problema falso: autoridad contra libertad, respeto contra denuncia, orden contra desorden, pero la vida democrática no cabe en esas simplificaciones. El respeto a la autoridad no exige obediencia silenciosa, ni la libertad de expresión autoriza la irresponsabilidad. La crítica ciudadana puede ser dura sin ser delictiva, y el poder público, precisamente porque administra decisiones que afectan a todos, debe soportar un escrutinio mayor que el ciudadano común, por eso no necesitamos más opiniones automáticas, necesitamos preguntas que examinen consecuencias.

No basta leer qué dice una norma; hay que preguntarse cómo podría aplicarse, cuál ha sido la intención de quienes la aprobaron, y cuestionar qué margen deja a quienes mañana tendrán poder para interpretarla. No basta decir que solo se castigarán excesos, habrá que preguntar quién decidirá qué es exceso, bajo qué criterios y con qué garantías, porque las leyes no viven solo en el papel. Viven en instituciones, fiscales, jueces, funcionarios, ciudadanos y contextos políticos que cambian.

Una norma redactada con amplitud puede parecer razonable en manos prudentes y volverse peligrosa en manos arbitrarias. Esa posibilidad no debe ignorarse, porque el Derecho no solo castiga conductas: también envía mensajes sobre lo que una sociedad se atreve o no se atreve a decir, y cuando la ciudadanía empieza a medir cada palabra frente al poder, algo se desplaza. No desaparece la opinión, se vuelve cautelosa. No desaparece la crítica, se susurra. Tampoco desaparece el desacuerdo, se administra con miedo, y así, el país sigue hablando, pero aprende a no tocar ciertos nombres, ciertos cargos, ciertos abusos, ciertas preguntas.

También hay que decirlo con seriedad, una sociedad donde todo se insulta, se acusa sin pruebas y se convierte la reputación ajena en entretenimiento tampoco es libre. Es ruidosa, frágil y manipulable, por lo que defender la libertad de expresión no significa proteger la irresponsabilidad, significa impedir que la respuesta frente al abuso de la palabra termine debilitando la palabra necesaria.

Una democracia necesita funcionarios respetados, no funcionarios blindados, y también necesita ciudadanos responsables, no ciudadanos temerosos. Necesita normas claras, no textos que permitan confundir la incomodidad del poder con una ofensa penal. Quien ocupa una función pública no pierde dignidad, pero asume exposición, y esa diferencia sostiene la vida democrática.

La discusión sobre esta ley debería servir para algo más que tomar partido. Debería obligarnos a revisar la calidad de nuestras preguntas públicas, porque una sociedad no entrega sus libertades únicamente cuando las pierde de golpe, a veces las cede en pequeñas cautelas, frases recortadas, silencios razonables y temas que nadie quiere tocar, por eso, el verdadero riesgo no siempre está en que una ley mande a callar, a veces basta con que la gente empiece a preguntarse si hablar le saldrá demasiado caro.

La pregunta de criterio: si una norma puede hacer que un ciudadano honesto dude antes de denunciar al poder, ¿estamos protegiendo el respeto o estamos debilitando la libertad que permite exigirlo?