#LaHoraDelCriterio |Comprender mejor para decidir mejor

Por: Geisy Peña Turbí

Si denunciar una irregularidad puede costarte el empleo, una querella, la reputación o la tranquilidad de tu familia, callar deja de ser una simple cuestión de carácter.

Lo anterior no convierte el silencio en lo correcto, pero obliga a hacerse una pregunta que solemos evitar cuando hablamos de corrupción: ¿cuánto riesgo estamos pidiendo que asuma una persona para que una institución haga su trabajo?

El tema ha vuelto a la conversación pública dominicana esta semana, cuando Manuel Villoria, director de la Autoridad Independiente de Protección del Informante de España, decía en una entrevista que combatir la corrupción exige que quien denuncia sepa dónde hacerlo, compruebe que sirve para algo y, sobre todo, se sienta protegido, poniendo como ejemplo, casos en España de personas que perdieron empleos, enfrentaron procesos judiciales e incluso vieron afectadas sus familias después de denunciar.

La República Dominicana tampoco discute el problema desde la teoría. En marzo, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental informó que, había gestionado la reposición de servidores públicos desvinculados, después de denunciar presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON), como una medida frente a posibles represalias.

Ese dato debería hacernos pensar, porque estamos acostumbrados a pedir ciudadanos valientes y servidores públicos íntegros, pero una política anticorrupción no puede descansar principalmente en la esperanza de que aparezcan personas dispuestas a arriesgar su estabilidad para hacer visible lo que otros prefieren ocultar, porque eso sería trasladar una responsabilidad institucional al coraje individual.

El estudio sobre integridad publicado recientemente por la OCDE, señala que República Dominicana todavía carece de un marco legal claro y general que proteja a quienes denuncian irregularidades frente a represalias y recomienda establecer procedimientos comprensibles, canales seguros y protección efectiva, aunque debemos reconocer que, existen avances concretos, porque al menos la Contraloría ha puesto en funcionamiento Alerta Segura CGR, con mecanismos de confidencialidad y protección dentro de su ámbito.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a manifestar que nadie denuncia. Antes conviene preguntar qué aprende una persona cuando observa lo que les ocurre a quienes sí lo hacen, porque las organizaciones educan también mediante consecuencias.

Si quien detecta una irregularidad termina aislado, señalado como desleal, desplazado de sus funciones o atrapado durante años intentando defenderse, el mensaje que recibe el resto del equipo es perfectamente comprensible, aunque nadie lo escriba en un manual.

No basta con que una autoridad diga que tiene “tolerancia cero” frente a la corrupción. Ese discurso vale poco si quienes trabajan debajo entienden que comunicar un problema puede convertirlos a ellos en el problema.

Un liderazgo serio no mide la lealtad por la capacidad de guardar silencio y tampoco protege cualquier denuncia de cualquier forma. Denunciar de buena fe no equivale a tener automáticamente razón, porque los hechos deben investigarse y las personas señaladas deben conservar sus garantías, evitando que una acusación falsa pueda causarles daño.

Y precisamente por eso hacen falta procedimientos, para no depender ni del miedo del denunciante, ni de la simpatía del superior. La integridad institucional sólo se vuelve creíble cuando una persona puede advertir una irregularidad sin tener que calcular antes si podrá seguir pagando su hipoteca después de hacerlo, y mientras eso no esté razonablemente garantizado, pedir valentía seguirá siendo insuficiente.

Porque el problema de una institución no empieza únicamente cuando alguien roba, manipula o abusa de su posición. También empieza cuando las personas honestas llegan a la conclusión de que ver, saber y callar es la opción más segura.

Pregunta de criterio: si mañana descubrieras una irregularidad grave en tu lugar de trabajo, ¿confiarías lo suficiente en el sistema como para denunciarla?