Santo Domingo, República Dominicana.
El presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el lunes 3 de agosto a las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, con el objetivo de evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyo período constitucional ya concluyó.
La convocatoria se realiza conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del CNM, que ordenan la revisión periódica del desempeño de los magistrados de las altas cortes para garantizar transparencia, institucionalidad y continuidad en la administración de justicia.
Entre los jueces incluidos en el proceso se encuentran:
• Luis Henry Molina, presidente de la SCJ.
• Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala.
• Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala.
• Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de la Tercera Sala.
Procedimiento de evaluación del CNM
El proceso que se desarrollará en la sesión convocada incluye las siguientes etapas:
1. Revisión documental:
El CNM analiza expedientes, estadísticas de productividad, decisiones relevantes y cumplimiento de estándares éticos y administrativos.
Más sobre este punto: evaluación judicial
2. Presentación de informes técnicos:
Se incorporan reportes de desempeño elaborados por la SCJ, así como evaluaciones de órganos auxiliares del sistema judicial.
3. Audiencia de evaluación (cuando aplica):
Los magistrados pueden ser convocados para responder preguntas sobre su gestión, criterios jurisprudenciales y desempeño institucional.
4. Deliberación del pleno del CNM:
Los miembros del Consejo analizan los resultados y determinan si cada juez debe ser ratificado o sustituido, conforme a los criterios constitucionales.
5. Decisión final y publicación:
Las decisiones del CNM se formalizan mediante resolución y se comunican públicamente, garantizando transparencia en el proceso.
Importancia institucional del proceso
La evaluación de los jueces de la Suprema Corte es un mecanismo clave para:
• Fortalecer la independencia judicial.
• Garantizar la renovación periódica de la judicatura.
• Asegurar que los magistrados mantengan altos estándares de desempeño.
• Reforzar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
