#LaHoraDelCriterio | Comprender mejor para decidir mejor.

Por: Geisy Peña Turbí

El error más caro de una licitación puede cometerse cuando todavía no existe ninguna empresa a la que adjudicarle nada.

Ocurre antes, cuando la Administración define qué necesita, calcula cuánto puede costar, decide qué experiencia exigirá, establece quién podrá competir y convierte todas esas decisiones en un pliego. Por eso resulta insuficiente vigilar únicamente quién gana.

El reciente caso del Ayuntamiento de San Cristóbal ofrece una oportunidad para entenderlo. El pasado 10 de septiembre, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio el procedimiento para contratar por RD$240 millones la recolección y transporte de residuos sólidos del municipio durante 2026-2028. Entre los hallazgos señalados por el órgano rector figuran la falta oportuna de los estudios previos y diversas incoherencias en las especificaciones técnicas. La decisión tiene carácter cautelar y preparatorio: no constituye una determinación definitiva sobre responsabilidades ni permite, por sí sola, atribuir intenciones, pero precisamente ahí está lo interesante.

Una contratación pública no empieza cuando llegan los sobres (hoy, las ofertas electrónicas). Empieza cuando una necesidad colectiva se transforma en condiciones contractuales, y esa transformación exige criterio.

Recoger los residuos de una ciudad no significa simplemente escribir “servicio de recogida de basura” y buscar un proveedor. Antes hay que entender volúmenes, rutas, frecuencia, medios necesarios, riesgos, costes, capacidad del mercado y condiciones razonables para ejecutar el servicio.

La Ley 47-25 exige que todo procedimiento esté sustentado en estudios previos que determinen, entre otras cuestiones, la necesidad, el coste estimado, el objeto contractual, los riesgos y los requisitos de calificación. El Reglamento añade que esos estudios deben constar por escrito y formar parte del expediente antes de publicar el procedimiento. No se trata burocracia decorativa. Es el momento en que la Administración debe demostrar que comprende lo que pretende comprar antes de empezar a gastar.

En el procedimiento de San Cristóbal, la DGCP observó, entre otros aspectos, contradicciones entre exigir disponibilidad previa de instalaciones y permitir que estas se establecieran después de la adjudicación; también cuestionó la combinación de determinadas exigencias de experiencia con requisitos territoriales y señaló ambigüedades entre domicilio legal y centro de operaciones, pero el asunto de fondo supera ese expediente.

Cuando una institución estudia mal su necesidad, el problema no se limita a que el documento tenga errores. Puede terminar comprando una solución inadecuada, estimando mal el precio, imponiendo requisitos innecesarios o dejando fuera alternativas que ni siquiera llegó a considerar, y entonces la pregunta ciudadana cambia.

Ya no basta con preguntar cuánto se pagó o quién resultó adjudicatario. También debemos preguntarnos cómo llegó la Administración a decidir que eso era exactamente lo que necesitaba comprar y bajo esas condiciones.

Ese cambio de mirada resulta especialmente importante, porque la transparencia posterior no corrige automáticamente una mala preparación previa. Publicar un expediente permite observarlo, pero no garantiza que haya sido bien pensado.

Una contratación pública de calidad, por tanto, no se mide solo por la limpieza de su desenlace. Se mide también por la inteligencia con la que comenzó.

El caso de San Cristóbal todavía deberá recorrer el curso administrativo que corresponda, pero ya deja una enseñanza útil para cualquier institución que maneje recursos públicos, y es que, antes de escoger correctamente a quién contratar, hay una obligación anterior y más básica, que es, saber exactamente qué se necesita, por qué se necesita y poder justificar cada condición que se exige para obtenerlo.

Porque cuando esa primera pregunta está mal formulada, la licitación puede empezar a fallar mucho antes de recibir la primera oferta. Por eso, la pregunta de criterio es: ¿Estamos vigilando quién gana una licitación cuando deberíamos empezar preguntando cómo se decidió qué comprar y bajo qué condiciones?