Santo Domingo, República Dominicana. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) remitió el 15 de julio una comunicación formal al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que presenta observaciones técnicas y propuestas de modificación a la Ley 74-25, orgánica que instruye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
En su carta, el CONEP reconoce el trabajo de la Comisión Bicameral, pero advierte que el texto aprobado aún contiene ambigüedades que podrían generar inseguridad jurídica y afectar la actividad económica. La organización empresarial señala que el diálogo institucional es indispensable para garantizar que el Código Penal sea “técnicamente sólido, constitucionalmente compatible y aplicable con seguridad jurídica”.
Principales preocupaciones del sector empresarial
El documento identifica cinco áreas críticas que requieren revisión urgente:
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo criterios de imputación, estándares probatorios y límites claros de representación corporativa.
- Libertad de expresión y régimen de difamación e injuria, advirtiendo riesgos de censura indirecta y afectación al trabajo periodístico y a la crítica pública.
- Responsabilidad penal médica, señalando que la redacción actual podría incentivar la medicina defensiva y penalizar errores derivados del riesgo clínico.
- Nuevos tipos penales sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y estafa piramidal, cuya formulación requiere mayor precisión técnica.
- Vacatio legis insuficiente, considerando que el plazo actual vence el 3 de agosto de 2026.
Solicitud de ampliación del período de entrada en vigencia
El CONEP fue enfático en solicitar que el Congreso valore una ampliación del vacatio legis, al considerar que el tiempo disponible no permite una revisión exhaustiva ni una adecuada preparación de los actores del sistema de justicia y del sector productivo. En la comunicación se afirma que esta extensión permitiría “una revisión técnica exhaustiva y la correcta preparación para el cumplimiento e implementación de una reforma de tanta trascendencia”.
Asimismo, el sector propone que las disposiciones relativas a programas de cumplimiento corporativo entren en vigor doce meses después de la promulgación, con un plazo adicional de seis meses para su implementación.
Postura crítica, pero institucional
Aunque el tono de la comunicación es respetuoso, el CONEP advierte que varios artículos del Código Penal podrían generar efectos adversos si no se corrigen antes de su entrada en vigencia. Entre los puntos señalados se encuentran:
- El riesgo de daño reputacional irreparable para empresas ante la sola apertura de investigaciones penales.
- Sanciones desproporcionadas en materia de difamación extorsiva, que podrían afectar la fiscalización ciudadana y el ejercicio periodístico.
- Ambigüedad en la responsabilidad penal médica, que podría penalizar actuaciones ajustadas a protocolos clínicos.
- Falta de precisión en delitos vinculados a inteligencia artificial y criptoactivos, lo que podría dificultar su aplicación práctica.
Disposición al diálogo
El CONEP reiteró su disposición a colaborar con el Congreso en vistas públicas y aportar insumos técnicos adicionales, confiando en que las observaciones contribuirán a un Código Penal proporcional y compatible con el bloque de constitucionalidad, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico y la inversión productiva del país.
